PSUV solo admite denuncias administrativas contra la UCV

Diario El Nacional |MARU MORALES |15/10/2014

Desde 2011, cuando entró en actividad la actual Asamblea Nacional, la Universidad Central de Venezuela ha sido blanco de 47 agresiones físicas contra su infraestructura, autoridades y estudiantes. Todas con trasfondo político, pues han ocurrido en coyunturas conflictivas nacionales o durante procesos electorales internos. Sin contar hechos de delincuencia común dentro del recinto (robos, hurtos y asaltos) ni el tiroteo que causó dos muertes en el Hospital Universitario en junio.

De los casi 50 ataques en 4 años, el Parlamento solo atendió uno, y lo hizo a medias. Se trata del hecho ocurrido el 3 de abril cuando personas armadas dispararon, apalearon y desnudaron a estudiantes en el campus. El 8 de abril la mayoría del PSUV negó una propuesta de la oposición de investigar los sucesos. Pero la repercusión de esos hechos fue tal que 2 semanas más tarde el partido de gobierno accedió a crear una subcomisión especial.

La instancia, sin embargo, no pidió fotos ni videos a los medios de comunicación, no llamó a testigos y tampoco interpeló a las autoridades policiales para conocer el estatus de las investigaciones. Su única actuación fue citar a la rectora Cecilia García Arocha para determinar su responsabilidad al permitir la entrada de personas armadas.

Hasta hoy esa instancia parlamentaria no ha emitido un informe final sobre sus indagaciones. El reglamento interior establece que las comisiones especiales tendrán que rendir cuenta de su trabajo 30 días después de ser instaladas.

Sin voluntad. “La UCV ha sufrido casi 100 ataques contra instalaciones y personas desde 2008; hemos denunciado, pero no ha habido respuesta”, dijo el vicerrector administrativo, Bernardo Méndez.

Miguel Pizarro, de la Comisión de Desarrollo Social y de la subcomisión designada para investigar el ataque de abril, responsabilizó a la mayoría oficialista de la situación.

“El PSUV y sus aliados nunca aprueban investigar ni interceder en nada que tenga que ver con mejorar la situación de la Universidad Central. No solo los hechos de violencia, tampoco las peticiones de mediación, las reconsideraciones del presupuesto; nada. En cambio, cuando se trata de una denuncia contra las autoridades o contra la universidad, sí. Está bien, que investiguen, pero que den el mismo trato diligente a todas las denuncias. A la Comisión de Desarrollo Social nos han traído como seis solicitudes de mediación; no las admiten; y si las admiten, las engavetan”, dijo Pizarro.

“Desde 2008 se han pedido investigaciones cuando han quemado carros, cuando han detonado explosivos, cuando han incendiado oficinas estudiantiles y rectorales, cuando secuestraron a las autoridades en Odontología, en cada ataque durante elecciones estudiantiles e inscripciones. Hay una cantidad de denuncias y nunca ha habido un acto conclusivo de esta Asamblea”, afirmó.

En opinión de Méndez, la situación tiene una sola explicación: “No hay voluntad política para investigar. Las universidades autónomas somos incómodas para cualquier gobierno de cualquier índole. Somos autoridades elegidas que no tenemos bozal de arepa, tenemos la libertad de decir lo que creemos y eso molesta a algunos”.

Diligente Comisión de Contraloría

Mayo 2013: El dirigente del PSUV Kevin Ávila tuvo un derecho de palabra en la Comisión de Contraloría para cuestionar el manejo del presupuesto universitario por la rectora Cecilia García Arocha. La denuncia fue admitida inmediatamente y se inició una averiguación que sigue en curso.

Mayo 2014: Dos profesores denunciaron ante la Comisión de Contraloría presuntas irregularidades en la Fundación UCV. La denuncia se admitió. Hasta la fecha han sido interpelados su presidente, Genaro Mosquera, y la directora del Instituto de Zoología, Leydi Herrera. El presidente de la subcomisión, Erick Mago, dijo que hay elementos para pensar que hubo malversación de más de 1 millón de bolívares. El próximo lunes 20 será interpelado el decano de la Facultad de Ciencias. “Después citaremos a la rectora García Arocha”, dijo Mago.

Octubre 2014: Dos trabajadores, uno de la Facultad de Agronomía y otro de transporte, denunciaron el impago de sueldos a obreros y empleados desde 2011. La denuncia fue admitida. “El oficio del Ministerio de Educación Universitaria dice expresamente que esos recursos eran para el pago de empleados fijos a tiempo completo, no para obreros. Iremos cuando nos citen y llevaremos todos los comprobantes”, dijo el vicerrector administrativo de la UCV, Bernardo Méndez.