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La UCV tiene 161 millones de los 1.500 millones de bolívares que necesita para adquirir los uniformes

vestuario(2)La UCV dispone de poco más de 161 millones de bolívares para la adquisición de vestuario del personal correspondiente a los años 2014 y 2015, pero el presupuesto base para tal fin sobrepasa los 1.500.000.000 de bolívares.

El ministro de Educación Universitaria, Jorge Arreaza, tiene la última palabra en cuanto a la dotación de uniformes para el personal. Y la tiene porque el 20 de octubre de 2015 la rectora de la UCV, profesora Cecilia García Arocha, le solicitó mediante oficio, el otorgamiento de los recursos necesarios, por crédito adicional, solicitud que fue ratificada, ante la falta de respuesta ministerial, el primer día de marzo de este año.

Esta situación se le ha informado ampliamente a los delegados sindicales y a la asamblea de trabajadores, a los cuales incluso se les ha entregado copia de la documentación que la UCV, en sus gestiones para obtener los recursos, ha enviado al Ministerio de Educación Universitaria y a la OPSU.

A pesar de las múltiples gestiones y la falta de respuesta gubernamental, el 6, 7 y 13 de este mes dirigentes sindicales y personal han cerrado intempestivamente las vías dentro del recinto universitario, mediante el uso de unidades de transporte de la UCV que están bajo las responsabilidad de sus conductores y persiste la medida de retener injustificadamente algunos vehículos de autoridades y directores en las instalaciones de Transporte.

En comunicado difundido ayer, las autoridades universitarias reiteran que la solución no está en manos de la UCV y que se está a la espera de una respuesta de los organismos oficiales a los requerimientos que se han realizado.

“La acción de obstaculizar el libre tránsito de vehículos por el recinto universitario haciendo uso de bienes públicos y retener bienes público constituye una falta grave y atenta contra los principios que deben imperar en nuestra institución, por lo que exhortamos a deponer estas acciones que contravienen las normativas legales en prejuicio de la institución”, dice el documento.

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